Aunque le faltan apenas escasas horas para abandonar su actual cargo, Catalina Botero, la colombiana al frente de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, todavía responde el teléfono con un “te llamo luego porque estoy en medio de una garrotera”.

Han sido seis largos años durante los cuales no ha cesado en su empeño por proteger el derecho a la información, algo que considera sagrado y pilar de una democracia saludable.

Ese esfuerzo, sin embargo, le ha valido serios enfrentamientos con gobiernos de la región, particularmente en Ecuador y Venezuela, donde es considerada casi el enemigo público número uno.

En entrevista con EL TIEMPO, Botero hace un balance de su gestión. Si bien reconoce grandes avances en algunos países, sostiene que en varios la prensa libre se encuentra en “estado crítico”.

Pese a ser una de las Relatorías más jóvenes de la CIDH, ha generado gran polémica. ¿Por qué es necesaria esta oficina?

Porque el derecho a la libertad de pensamiento y expresión no solo es un derecho humano fundamental, sino una garantía para la defensa de los otros derechos. Porque la prensa libre es esencial para controlar los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y la corrupción. Porque muchas veces lo único que tienen quienes pertenecen a sectores marginados es su derecho a expresarse, a salir a la calle para manifestar sus intereses y necesidades. Porque sin libertad de expresión no puede darse una verdadera deliberación pública, y sin deliberación no hay participación ni democracia posible. Y porque lo primero que vulneran los regímenes autocráticos es el derecho a pensar distinto. Monitorear la situación de la libertad de expresión es, de alguna manera, monitorear la salud democrática de un Estado.

¿Y cómo ve esa salud democrática? ¿Qué es lo que más le preocupa?

El crimen organizado y sus nocivas alianzas con algunas autoridades –especialmente locales– es el principal desafío regional para la libertad de expresión. Tomando datos conservadores, desde el año 2000, han sido asesinados más de 220 periodistas por motivos posiblemente relacionados con el ejercicio de su profesión y otros cientos han sido amenazados, agredidos o desplazados. Esto, en la mayoría de los casos, hace que las historias que investigaban nunca se cuenten y que las sociedades no tengan la información para actuar oportunamente. Por lo general, estos crímenes no son investigados, y con ello se genera impunidad y autocensura donde se requiere más y mayor investigación. Por otra parte, algunos Estados han promovido leyes y políticas autocráticas, creando una situación difícil para el ejercicio de la libertad de expresión.

¿A qué Estados se refiere?

En cuanto a la violencia, en países como México, Colombia, Brasil u Honduras, las cifras acumuladas de violencia contra periodistas son preocupantes. En este tema, hay que resaltar el mecanismo de protección de periodistas en Colombia y la creación de mecanismos en otros Estados. A la violencia se suma el altísimo nivel de impunidad de estos crímenes, pese a que los Estados cuentan con mecanismos suficientes para juzgar a quienes los ordenaron. Esta tarea, largamente aplazada, debería ser una prioridad si de veras quieren afrontar amenazas de gravedad como la que representa el crimen organizado.

En cuanto al debilitamiento institucional, en países como Venezuela o Ecuador, quienes critican las políticas de gobierno carecen de garantías para hacerlo sin temor a ser sancionados. La prensa, en particular, se encuentra en un estado crítico.

Ecuador, precisamente, le declaró una guerra frontal a lo largo de su mandato. ¿Por qué?

En el monitoreo que hacemos hemos encontrado que en nombre de la inclusión se ha hecho todo lo contrario: excluir de la esfera pública el pensamiento crítico. Por ejemplo, personas que han denunciado a funcionarios por presuntas violaciones de derechos humanos o presuntos actos de corrupción han terminado condenadas a penas de cárcel o a multas millonarias; se han cerrado organizaciones sociales porque algunos de sus miembros han participado en protestas contra la política extractiva; se ha procesado por terrorismo o sabotaje a decenas de indígenas, estudiantes y defensores; se detiene a personas que, según el Presidente, hacen gestos ofensivos al ver pasar la caravana presidencial y luego, en televisión el mandatario estigmatiza a estas personas y expone aspectos de su vida privada, como su situación de salud.

Los medios de comunicación no tienen ninguna garantía para hacer periodismo de investigación o siquiera humor político. Por ejemplo, un caricaturista fue obligado a rectificar una caricatura en la que denunciaba un exceso en el uso de la fuerza en el allanamiento de la casa de un periodista, y el diario fue obligado a pagar una elevada multa por no haber censurado la caricatura. Todo esto en el contexto de una campaña de estigmatización y de la existencia de un potente conglomerado de medios de propaganda oficial.

Quito alega que la Relatoría juega a favor de los intereses de EE. UU. y de los monopolios mediáticos.

Este tipo de cuestionamientos no deben ser ignorados. Los Estados tienen derecho a que los órganos de supervisión actuemos con un único rasero. En este sentido, cualquiera que revise la página electrónica de la Relatoría va a advertir de inmediato que hemos hecho informes completos sobre los problemas que se han presentado en Estados Unidos. Hemos explicado en detalle, por ejemplo, los programas de vigilancia masiva y los serios problemas que aparejan, las dificultades que existen en torno a la protección de informantes o las deficiencias en la protección de la reserva de la fuente, entre otros. El año pasado tuvimos más audiencias y comunicados sobre Estados Unidos que sobre muchos de los Estados que le he mencionado.

Pasemos a Venezuela, otro de los países que dice le preocupan.

Las normas jurídicas que regulan la libertad de expresión son de una enorme ambigüedad y ello ha permitido que sean arbitrariamente aplicadas. Los funcionarios se refieren de manera permanente a sus críticos como “terroristas” o “desestabilizadores”; por razones políticas han sacado del aire medios como RCTV o como NTN 24, y recientemente se denunciaron serios bloqueos de internet; los pocos medios que mantenían una cierta independencia están siendo adquiridos por personas que han cambiado la línea editorial y despedido incluso a caricaturistas que no son del agrado del Gobierno.

Esto, en el contexto de una dramática escasez de papel prensa, lo que ha llevado a que algunos diarios no puedan circular o a que deban reducir su cobertura. A lo anterior hay que sumar la existencia de procesos penales en los que incluso se ha llegado a dictar la prohibición de salida del país tanto al autor de un artículo que un funcionario considera inexacto como a los directivos del medio (Tal Cual) por no haberlo censurado. Los demandados podrían ser condenados a penas de prisión de 4 años y al pago de multas millonarias. En otras palabras, en estas condiciones es muy difícil hablar de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.

¿Es un problema de izquierdas y derechas?

De ninguna manera. Hay gobiernos de izquierda y de derecha que han promovido la libertad de expresión. Hay también gobiernos de izquierda y de derecha que lamentablemente han adoptado normas y políticas contrarias a los estándares en la materia, como las estigmatizaciones, el espionaje, la intimidación, el cierre de medios por vías directas o indirectas, etc. Este tema se refiere más bien a una oposición entre gobiernos democráticos que creen en la división de poderes y en la deliberación plural y regímenes autárquicos que buscan concentrar el poder y debilitar los controles y los derechos de las minorías.

¿Pero no hay algo de verdad en las críticas sobre monopolios?

Claro que sí. Lo que sucede es que resulta difícil entender el argumento cuando viene de quienes quieren crear monopolios gubernamentales. Los monopolios públicos o privados en la propiedad o el control de los medios de comunicación comprometen el pluralismo y la diversidad que debe existir en una sociedad democrática. Por eso es tan importante defender la existencia de medios independientes y vigorosos, comunitarios, comerciales y públicos; de una internet abierta y universal; de leyes antimonopolio en los términos en que ya lo ha dicho el principio 12 de la CIDH. En fin, se trata de que existan más medios y no menos, y de que puedan actuar con más libertad y no con menos.

Cuando llegó a su cargo, Colombia tenía uno de los peores récords en cuanto a violencia contra el periodismo. ¿Dónde estamos hoy?

Han disminuido sustancialmente los asesinatos, pero aún existe una enorme impunidad sobre los crímenes cometidos, a pesar de que la Fiscalía está impulsando casos emblemáticos. Resulta vergonzoso que, por ejemplo, no hayamos logrado condenar a quienes ordenaron el asesinato de Orlando Sierra y de tantos otros periodistas valientes cuyo trabajo no era otro que investigar y denunciar actividades criminales.

Es inaceptable e indignante, pero no irremediable. Es necesario redoblar los esfuerzos para que estos crímenes no queden impunes. Las amenazas de delincuentes como los autodenominados ‘Urabeños’, las ‘Águilas Negras’ o las mafias de La Guajira contra los periodistas, defensores o quienes promueven políticas de reparación de las víctimas del conflicto como la restitución de tierras son gravísimas e inaceptables. Creo que el programa de protección ha jugado un papel fundamental, pero es indispensable robustecer las investigaciones de estos hechos para procesar a los responsables.

¿Qué tan preocupantes fueron en su momento los ataques del expresidente Álvaro Uribe contra periodistas a los que tildó de auxiliadores de la guerrilla?

Mucho. En varias oportunidades, tanto esta Relatoría como la Relatoría de la ONU pusimos de presente la obligación de los funcionarios públicos de no estigmatizar, amedrentar ni vigilar a los periodistas, especialmente en países en donde situaciones de conflictividad social o conflictos armados hacen que estas estigmatizaciones aumenten el riesgo para su vida e integridad. Estigmatizar a los que piensan distinto no es un derecho de las autoridades ni en Colombia ni en ningún país de la región.

Los casos WikiLeaks y Snowden han planteado un debate entre el derecho a conocer información de interés público y el derecho de los Estados a mantener información reservada, por ejemplo, por temas de seguridad nacional ¿Qué opina?

Las personas tienen derecho a conocer la información pública, pero en casos muy excepcionales los Estados pueden reservar temporalmente cierta información cuando es vital para defender, por ejemplo, la seguridad nacional. Sin embargo, si una persona advierte que esta información esconde temas de corrupción o de violaciones de derechos humanos, debe poder revelarla y ser protegida. Y de ninguna manera pueden ser sancionados los medios que publican la información.

¿Qué opina de Edison Lanza, su sucesor?

Será un gran relator. Tiene notables cualidades, experiencia en la materia, es abogado y periodista y ha litigado ante el Sistema Interamericano.

¿Qué sigue para Catalina Botero?

Un buen libro de literatura.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.