unque el Estado colombiano ha sido condenado en los últimos 4 años 49.467 veces y, por esos fallos, ha tenido que pagar 4 billones de pesos, ha hecho poco por recuperar ese dinero.

Un informe de la Contraloría General advierte que el Estado no solo sigue perdiendo las millonarias demandas en su contra, sino que no utiliza la acción de repetición, mecanismo judicial que permite que una entidad oficial, cuando ha sido condenada por daños y perjuicios o en procesos contractuales, demande a su vez a los funcionarios públicos que hayan tenido grave culpa o dolo en esos hechos.

Según la Contraloría, del total de condenas desde el 2010, tan solo en 545 –es decir, en uno de cada 100 casos– las entidades iniciaron acciones contra sus funcionarios para que respondan por las onerosas indemnizaciones en contra de la Nación. Así, de los más de 4 billones que el Estado ha sacado del bolsillo de todos los colombianos para pagar sentencias en el último cuatrienio, solo ha intentado recuperar 890.769 millones de pesos.

“Se ha demostrado que esta herramienta jurídica ha sido ineficaz en el alcance de su objetivo, y por tanto, no se ha constituido en un mecanismo eficiente que tienda a la recuperación de los cuantiosos recursos y el desmedro de las finanzas del Estado por las condenas proferidas en su contra”, dice el documento.

Es una situación crítica porque las entidades tienen obligación de repetir pero no lo hacen y, cuando sí, la mayoría de las veces fallan en demostrar la responsabilidad del funcionario o servidor. De hecho, la Contraloría no encontró sentencias ejecutoriadas –es decir, casos totalmente cerrados– de acción de repetición.

Al analizar lo que ha pasado en el sector de seguridad, justicia y defensa, que es de lejos el más demandado y el que pierde más procesos, encontró que el Ministerio de Defensa, de 835 sentencias en contra, solo acciones analizadas, en 220 se tomó la decisión expresa de no iniciar procesos de repetición en contra de funcionarios –consideró que no se podía probar responsabilidad– y tan solo en 25 activó este mecanismo legal.

Una situación similar pasa en el Inpec. Entre el 2010 y 2014 el Instituto fue condenado 730 veces por 77.725 millones de pesos. Más del 90 por ciento de las demandas corresponden a casos en los que se comprobó la responsabilidad de guardias en muertes, y lesiones del personal de internos en las cárceles. Pero el Inpec solo inició 8 acciones de repetición por 1.572 millones de pesos.

Es tal la falta de acción en este campo que el propio Consejo de Estado ha regañado a la Nación porque en varios casos que le han llegado encontró demandas hechas de “manera descuidada y poco diligente”, que, según advirtió en un reciente fallo, se están presentando solo para cumplir un mandato legal y no para recuperar realmente lo pagado en las sentencias.

La Contraloría dice que algunas de esas demandas son tan flojas que al detrimento patrimonial de las condenas se suman los costos administrativos y el desgaste y congestión en la administración de justicia.

Crecen las condenas

Mientras tanto, el panorama de las condenas contra la Nación sigue siendo crítico, pero la acción de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación ha empezado a ponerle diques a esta situación.

En la última década el presupuesto que las entidades públicas han tenido que usar para pagar fallos o para conciliar demandas ha crecido en un 395 por ciento. Mientras en el 2003 se pagaron condenas y conciliaciones por 251.040 millones de pesos, en el 2013 esa cifra creció a 1,2 billones de pesos.

Las pretensiones de los demandantes contra el nivel central del Estado, a la fecha, suman 412 billones de pesos. Las pretensiones totales contra entidades públicas superan los 1.000 billones de pesos. Entre los sectores más demandados está el de Seguridad y Defensa, que tiene procesos en su contra por 77,2 billones de pesos, un 19 por ciento del total.

En cuanto a la Fiscalía, entre 2010 y 2014 esta fue condenada 1.283 veces, por un valor de $ 294.883 millones. A su vez, realizó conciliaciones por otros 52.000 millones pesos. Y tan solo repitió en 39 casos, por un valor menor de 10 mil millones. “La entidad reporta no haber recuperado valor alguno por concepto de acciones de repetición”, señala el documento.

Las detenciones injustas son una de las principales fuentes de condena. De hecho, en curso ante tribunales administrativos y Consejo de Estado hay demandas por 22 billones.

Policía, la que más la usa
Entre 2010 y 2014, la institución demandó 353 veces

En los últimos cuatro años, según el informe de la Contraloría, la Policía tuvo que pagar 2.623 sentencias por $ 565.513 millones, y concilió 803 casos por otros $ 103.451 millones. En el mismo lapso, entabló 353 acciones de repetición, que se suman a otras 235 anteriores al 2010. La mayoría de esos procesos está aún en trámite, y es la Policía la institución que más utiliza esa vía para recuperar la plata pública.

Las acciones entabladas no corresponden al total de casos contemplados. Así, por ejemplo, en el 2012 los abogados de la Policía analizaron 936 condenas y conciliaciones, y decidieron repetir solo en 204, ante la dificultad de probar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos cuestionados.

Las detenciones sin justa causa, los malos tratos a ciudadanos y abusos de autoridad así como los reclamos laborales y pensionales representan la mayoría de las demandas en contra de la Policía.

Nación no se defiende bien y no cobra

1. Las demandas

Por acción y por omisión, la Nación tiene más de 200.000 procesos administrativos que pretenden el pago de más de mil billones. La mayor parte de esas demandas no tiene fundamento, pero incluso algunas de esas prosperan o por polémicos fallos o porque no hay defensa efectiva.

2. La defensa

La Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, creada en este gobierno, ha centralizado los casos más importantes y ha detectado grandes fallas en la manera como se defienden en los juicios las entidades públicas. No conciliar a tiempo casos perdidos es otra falla frecuente.

3. Mal cobrador

La inoperancia de la acción de repetición está diagnosticada hace años. Pero, además, el Estado no cobra las multas impuestas en los procesos judiciales. Así, ese tipo de sanciones que acompañan las penas de cárcel casi nunca son efectivas. La cuenta sube a 8 billones de pesos.