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Empleados de petroleras siguen en la mira de la guerrilla

El Tiempo  |  16 de septiembre de 2014 (00:29 h.)
Petroleras

Francotiradores habrían disparado contra dos contratistas. Con secuestros presionan 'vacunas'.

El asesinato de Germán Arturo Ariza Camacho y Jairo Aguilar, trabajadores de una firma contratista de Ecopetrol que este fin de semana reparaba en Teorama (Norte de Santander) un tramo del oleoducto Caño Limón- Coveñas, no es un hecho aislado.

En la escalada contra la infraestructura petrolera, que se ha intensificado en los últimos tres años, las Farc y el Eln han seguido violando los mandatos del Derecho Internacional Humanitario que los obligan a respetar a la población civil y a excluirla de sus acciones armadas. Además de los atentados indiscriminados, también están atacando las cuadrillas de trabajadores que reparan los daños de sus ataques. (Vea aquí: Testigo reconstruye ataque del Eln a contratistas de Ecopetrol)

La acción del domingo, con francotiradores y contra el grupo de trabajadores del oleoducto, es la más grave desde julio del 2012, cuando guerrilleros de las Farc arremetieron contra un campamento de Ecopetrol en Puerto Caicedo (Putumayo), y atacaron a un grupo de mantenimiento. Cinco trabajadores de las firmas Independence y Cotransur murieron en medio del ataque.

Además, tres operarios del pozo habían resultado heridos en la voladura de la instalación, ocurrida días antes.

En junio pasado, 13 civiles fueron heridos en el ataque de la guerrilla del Eln a una instalación del Caño Limón-Coveñas, en Arauca. Dispararon explosivos contra el campamento cuando se realizaba una ceremonia religiosa. Días después, 14 vehículos fueron incinerados en la vía que de Tibú conduce a El Tarra, en Norte de Santander.

Secuestro, otra agresión

La mayor afectación a los civiles contratados por las petroleras ocurre a través de secuestros. En lo corrido de este año, las autoridades han reportado siete casos: cinco en Vista Hermosa (Meta), uno en Orito (Putumayo) y otro más en Convención (Norte de Santander). Todos ya fueron liberados. El año pasado, la cifra fue similar.

Las autoridades no descartan que detrás de esos secuestros, todos por corto tiempo, el objetivo sea generar presión sobre firmas petroleras para el pago de extorsiones.

Lo mismo sucedería con los atentados contra oleoductos, que este año se han concentrado en tres departamentos: Putumayo, Norte de Santander y Arauca, siendo el Caño Limón Coveñas el más afectado.

En operaciones contra las Farc se han encontrado archivos de correos que dan idea de las ‘vacunas’ que estarían cobrando en las regiones. Un mensaje de ‘Mauricio el Médico’ y ‘Carlos Antonio Lozada’ al Estado Mayor del bloque Oriental señala que estarían cobrando 2 millones de pesos por el paso de una tractomula en algunas regiones, y que, además, tienen tarifas para permitir la exploración.

Ese correo sugiere “reajustar precios en área de todo el bloque para unificar a nivel nacional. Es decir que esos precios serían los valores a cobrar en cada una de las etapas de ese proceso”, dice el correo.

Aunque este año han ocurrido menos ataques que el año pasado, desde el 2011 las cifras crecieron en más del doble. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en el 2010 fueron 31 acciones violentas y aumentaron a 84 en el 2011; luego, a 151 en el 2012, y a 259 el año pasado. Este año suman 100, es decir, 58 menos que en el mismo periodo del 2013.

Las pérdidas para el país son cuantiosas. Ecopetrol calcula que cada día se han dejado de producir 20.000 barriles de crudo. El detrimento económico por los ataques efectuados este año ya se calcula en 552 millones de dólares.

Esto sin contar el daño ambiental, que ha sido enorme.Varios de los casos más graves se han dado en Putumayo, donde las Farc obligan a los conductores de carrotanques a vaciar sus cargas sobre las vías, sin tener en cuenta el paso de ríos y quebradas.

Gobierno dice que se trabaja en protección

Los atentados terroristas a la infraestructura petrolera han generado preocupación por las metas de producción para este año. Solo en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el más atacado, este año se han contabilizado unos 30 atentados.

Por cada día que esté suspendido el transporte de crudo se pierden alrededor de ocho millones de dólares, unos 16.000 millones de pesos. Y en lo que va corrido del 2014, ese oleoducto ha tenido que suspender operaciones por más de 70 días.

El ministro de Minas y Energía, Tomás González, ha señalado que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para mejorar la protección de la infraestructura petrolera. Según el Gobierno, este año se han evitado más de 70 atentados terroristas.

Lisa Viscidi, Directora para Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas en el Diálogo Interamericano, uno de los Centros de Pensamiento más prestigiosos de Washington, le dijo a EL TIEMPO que si bien hay en marcha un proceso de paz con las Farc, la industria de hidrocarburos espera que el Gobierno sea más efectivo en la protección de ese sector.