Las versiones callejeras que relacionan al exdirector de la Policía general (r.) Luis Ernesto Gilibert con La Piscina, uno de los más famosos burdeles capitalinos, acaba de pasar a los estrados judiciales.

Dos semanas después de que EL TIEMPO reveló quiénes aparecen como sus dueños, según actas y escrituras, Gilibert tomó la decisión de denunciar ante la Fiscalía a Juan Pablo Lozano, el administrador de otro famoso burdel, El Castillo, quien le dijo a un periodista de la Revista Soho que, en el 2005, él y sus socios le vendieron el establecimiento nocturno a Gilibert.

“En 2002 me asocié con ellos (los dueños de una reconocida discoteca del norte de la capital) y hasta 2005 fuimos ícono de las mejores chicas de Bogotá. Luego se lo vendimos (La Piscina) al general de la Policía Luis Ernesto Gilibert”, aseguró Lozano.

EL TIEMPO conoció que en su denuncia Gilibert no solo pide que se investigue a Lozano, sino que se desempolve otro expediente contra un cantante de música popular que le hizo un señalamiento similar.

“No he sido propietario o socio del burdel conocido como La Piscina. Es más, Señor Fiscal, otra persona, un cantante de un restaurante de carne a la llanera, cuyo nombre ya ni recuerdo, me había realizado la misma imputación deshonrosa, pero la acción legal que se inició en su momento no avanzó”, dice el Gilibert en su denuncia.

El general (r.) hoy asesor en seguridad de poderosas multinacionales, basa parte de su denuncia en el artículo de EL TIEMPO que reveló detalles del historial de propietarios de La Piscina y El Castillo.

La Piscina es propiedad de Néstor Camacho y de Pedro Castellanos, dueños a su vez de una reputada blindadora, que contrata con entidades como el Senado, ministerios, el desaparecido DAS y algunas gobernaciones. Además, controlan una cooperativa que les presta plata a policías, militares y profesores.

Hay un detalle más, Castellanos es hermano del coronel (r.) de la Policía William Castellanos, quien negó tener algún nexo con los negocios de su familiar.

EL TIEMPO también encontró que uno de los socios fundadores de El Castillo, el negocio que administra Lozano, fue José Ricardo Pedraza, conocido como ‘la Nariz’, quien fue extraditado a Puerto Rico por cargos de narcotráfico y lavad de activos. Hoy un familiar de él aún hace parte del grupo de socios de ese burdel.

‘No soy proxeneta’

En su denuncia, Gilibert argumenta que hace asesorías en seguridad a varias empresas y que los rumores que lo vinculan con proxenetas lo afectan, profesional y familiarmente.

“En este asunto, se me endilga la adquisición de un establecimiento comercial que sin ser ilegal, para una persona de las condiciones que me rodean, no es de buen recibo social y precisamente en ello se materializa el daño a mi integridad moral y buen nombre. (…) No soy proxeneta. Para otra persona puede que sea algo normal el que se le adjudique la propiedad de un lugar de estos, pero para mí resulta vergonzoso…”, afirma Gilibert.

Según el oficial (r.) pide a la Fiscalía que, en la investigación, cite a declarar a varios periodistas que han tratado el tema, tanto en radio como en medios escritos, y aclara que no busca compensación económica sino que Lozano se retracte de los señalamientos que le hizo.