Muzo, el municipio de Boyacá de cuyas entrañas salieron hace ya varios años la esmeralda más grande del mundo, ‘Fura’, y la más valiosa, ‘Tena’, recibió en el 2013 apenas 116 millones de pesos de regalías por la explotación del llamado ‘oro verde’.

Esa suma, que no llega siquiera a lo que cuesta en el mercado internacional una piedra promedio, es una muestra de las contradicciones que caracterizan al mundo de las esmeraldas, un mundo en el que las ganancias del millonario negocio quedan en manos de unos pocos ‘patrones’, mientras en los 11 municipios del occidente de Boyacá, que proveen el mercado de esas gemas para todo el mundo, no se ve el desarrollo para sus pobladores.

El asesinato, hace nueve días, de Luis Murcia, el ‘Pequinés’,reavivó no solo el temor por la reactivación de la ‘guerra verde’, sino los cuestionamientos sobre el verdadero control del Estado sobre el pago de regalías y los cuerpos de seguridad, que se mueven como verdaderos ejércitos privados en la zona esmeraldera.

El impacto en la seguridad de toda la región que tienen las peleas entre algunas de las familias que manejan las minas –que se proyectan a Bogotá y Cundinamarca, donde han ocurrido al menos una decena de asesinatos en los últimos tres años– y el poder político asociado a la explotación están lejos del impacto económico y social de esa actividad minera. En la región, menos del 2 por ciento de los habitantes está trabajando con alguna de las minas. En su mejor momento, en los 80, en Muzo llegó a haber 35.000 guaqueros.

“Ni en mano de obra, ni en regalías, ni en ninguna clase de impuestos, la actividad de las esmeraldas es sobresaliente para el departamento”, dice el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados.

Allá, según los registros de la Agencia Nacional Minera, existen 242 títulos para la extracción de esmeraldas, el 68,75 por ciento de los 352 hay en el país para la explotación de esa piedra preciosa. Doce empresas de cinco clanes familiares, algunas asociadas con mineras extranjeras, controlan las minas más productivas.

Piden intervención

Aunque en Boyacá nadie discute el poder de familias como los Carranza, los Rincón, los Murcia, los Molina o los González –que se refleja en su peso en las elecciones para alcaldes, gobernador y Congreso–, lo cierto es que lo que está aportando esa actividad al desarrollo del departamento pesa cada vez menos. De los 296.500 millones de pesos que ha recibido este año por regalías, solo el 0,5 por ciento (1.504 millones de pesos) ha entrado por los giros de las empresas que explotan esmeraldas.

Eso a pesar de que a los principales mercados internacionales –Nueva York, Hong Kong y Japón– llegaron en el 2013 piedras colombianas por 127 millones de dólares.

Los empresarios de las esmeraldas sostienen que sus ganancias no son tan altas como se cree y que hay minas que pueden durar años sin dar producción, mientras que ellos siguen pagando obreros y derechos de explotación. El Gobierno, entre tanto, reconoce que hay “inquietudes sobre la liquidación de regalías” y sostiene que ha venido trabajando para lograr que las empresas mineras paguen las tarifas establecidas.

Lo cierto es que entre los socavones y los despachos oficiales que registran las cifras de explotación y las consiguientes regalías hay una extensa zona gris que da espacio tanto para que no se registre la producción real como para que se ‘inflen’ cifras y se abra la posibilidad de lavar dinero del narcotráfico.

“Por eso hemos insistido en que el Gobierno entre de lleno a controlar el negocio y que sean las autoridades las que digan quién es legal y quién no, para que no se estigmatice a todo el gremio”, sostiene uno de los ‘duros’ del sector.

Informes de la Contraloría señalan que en la minería en general el Estado dejó en manos de particulares la explotación de recursos naturales claves para la economía del país y, además, sin ejercer un control efectivo que garantice que la plata que dejan las minas se refleje en desarrollo.

El pésimo estado de la carretera que une a la zona esmeraldera con su ‘capital natural’, Chiquinquirá, refleja bien esa situación.

En los dos municipios que sacan más esmeraldas, Muzo y Maripí, casi la mitad de la población sufre necesidades básicas insatisfechas. Por eso, la gente de la zona dice que, más que la violencia que a veces estalla entre los ‘patrones’, lo que verdaderamente asusta en el occidente de Boyacá es la miseria.

Estado, con poco control del negocio

Aunque la explotación de esmeraldas en Boyacá es una actividad centenaria, el Estado colombiano ha sido siempre un espectador de lo que ocurre con las minas. Tras fracasar el intento de que el Banco de la República regulara esa actividad, particulares se afianzaron en el control de la explotación y lograron imponer el control político y hasta militar en la zona.

Así va el caso del crimen del ‘Pequinés’

Casi dos semanas después del asesinato de Luis Murcia, el ‘Pequinés’, los investigadores han establecido que lo mató un comando de dos sicarios, armados con un fusil AK-47 y una subametralladora, que fueron recuperadas en zona rural de Arbeláez (Cundinamarca), donde ocurrió el hecho.

El esmeraldero, que tenía 62 años, recibió siete impactos de bala en el tórax y en la cabeza.

Murió después de hacer varios disparos con su revólver y tras rodar a un pequeño barranco, en el que se rompió un brazo. Al parecer, intentaba llegar a su camioneta blindada, en la que tenía una escopeta. En varias cartas a las autoridades y en un video grabado días antes del homicidio, el ‘Pequinés’ había señalado al bando liderado por Pedro Rincón (‘Pedro Orejas’) de haber ordenado su muerte. Su nombre estaba en una lista de supuestos condenados a muerte en medio de la guerra entre ‘patrones’, y se sabe que sus movimientos en Bogotá y algunos pueblos de Cundinamarca eran seguidos por sicarios que llegaron de la zona de Maripí y Pauna, en el occidente de Boyacá.

El ‘Pequinés’ fue el segundo ‘histórico’ de la zona esmeraldera asesinado este año. En mayo murió ‘Martín Rojas’.