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Peligro de la pólvora en esta época del año se incuba en pueblos

El Tiempo  |  06 de diciembre de 2014 (00:42 h.)
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, 24DICIEMBRE2011.-Comerciantes del mercado artesanal de pirotecnia en Zumpango ofrecen al publico diversos juegos pirotécnicos que van desde luces de vengalas hasta proyectiles con gran contenido de polvora.
FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales la prohíben, pero se consigue cerca.

Aunque en la mayoría de las capitales del país se expidieron decretos para prohibir el uso y la comercialización de pólvora, las ventas que se permiten en municipios cercanos, o la falta de control en estos, amenazan los esfuerzos para disminuir el número de quemados durante las fiestas de fin de año.

A pesar de que Bogotá lleva más de 15 años restringiendo el uso, la comercialización y el transporte de pólvora, sus vecinos no han hecho la misma tarea y la circulación de este material desde la región sigue impactando a la ciudad.

Según el coronel Flavio Mesa, comandante de la Policía de Cundinamarca, ninguno de los 116 municipios del departamento ha puesto una restricción para el uso de pólvora esta época.

El transporte de la pólvora roja o blanca para la fabricaciones de totes y voladores ha sido el principal dolor de cabeza en la región cercana a Bogotá, porque muchas veces se han generado explosiones y conatos de incendio por el almacenamiento inapropiado del material.

Pacho, Granada y Soacha son los municipios donde la Policía mantiene supervisión, porque de allí proviene la mayor cantidad del material explosivo que llega hasta la capital del país.

En otras regiones, los esfuerzos de la Policía para controlar el fenómeno han sido insuficientes por causa de que las restricciones varían de un municipio a otro. (Lea aquí: Endurecen controles para frenar ingreso de pólvora desde Venezuela)

En Bolívar, por ejemplo, un cargamento de 2,5 toneladas que había sido decomisado el pasado miércoles, en la troncal de occidente entre los municipios de Turbaco y Cartagena, terminó otra vez en el mercado.

El cargamento presentaba irregularidades de forma, como la falta de documentación y permisos de la Dian, pero el control administrativo le correspondía al municipio de Turbaco, donde, explica la Policía, el uso de pólvora no está prohibido.

“Nosotros hicimos el operativo y encontramos que les faltaba documentación, pero determinar si administrativamente cumplen o no con la ley le corresponde a Turbaco, y por eso tuvimos que remitir el caso y la carga a la alcaldía del municipio”, informó el comandante operativo de la Policía Metropolitana deCartagena, coronel Boris Albornoz.

En Medellín, donde van 14 quemados en los últimos días, la teniente Marta Ligia Herrera, jefa de Protección de la Policía en Antioquia, manifestó que aunque en la ciudad está prohibida la comercialización y venta de pólvora, es en la capital antioqueña en donde más se incauta debido a que en otros municipios del departamento no hay regulación.

Herrera aseguró que mientras los diez municipios del Área Metropolitana de la capital antioqueña lo prohíben, otras poblaciones como Yarumal, Puerto Triunfo, San Vicente, Valdivia, Amagá, Jardín, Betulia, San Jerónimo, Cañasgordas, Cáceres, Zaragoza, Nechí y Caucasia no tienen ninguna restricción. Aunque hay fuertes controles en las carreteras, la pólvora entra a la ciudad por vía terrestre y es distribuida de forma clandestina.

En Cali, a pesar de las restricciones a la venta en la ciudad, hay personas que aún se arriesgan a usar estos artefactos y los buscan en municipios vecinos donde la normatividad sí lo permite.

Las autoridades enfilan sus controles en Buenaventura, para evitar la entrada de pólvora que llega de China, y también en municipios como Candelaria y La Cumbre, donde hay fábricas. En Candelaria se encuentran asentadas dos fábricas de pólvora. Sus autoridades dicen que no se puede prohibir lo que no está prohibido por la Ley.

En Pereira también está prohibida la distribución; sin embargo, la cercanía al municipio de Dosquebradas (a pocos minutos en carro), donde existe la fábrica de pólvora Pájaro Loco en la vereda El Cofre, hace que el control de las autoridades pereiranas sea complejo.

A pesar de que en contra del negocio se han proferido dos resoluciones, una en el 2012 de suspensión de transitoria y otra de orden cierre, en el 2013, todavía siguen operando. Hernando Usma Hipuz, abogado de la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas, contó un detalle que ha hecho difícil clausurar la polvorería: funciona en la casa de su propietaria. “Ellos fabrican la pólvora en la parte trasera de la vivienda, de manera clandestina, pero en una casa y ¿cómo sellarla, si ellos viven en esta?”, dijo Usma.

Y en Caldas, donde la prohibición se extiende en todo el departamento, el riesgo de que se comercialice aumenta por algunas polvorerías autorizadas.

Según el jefe de la Unidad Antiexplosivos Antiterrorista de la Sijín, seccional Caldas, el intendente Jorge Castaño, hay algunas fábricas en el departamento en Supía, Riosucio y Filadelfia, con permiso para producir pero no para vender.

Agregó que el permiso solo lo puede otorgar el Ministerio de Defensa, pero en ocasiones encuentran que desde las alcaldías dan el permiso, cuando estas solo se encargan del lleno de requisitos para solicitar la aprobación del Ministerio.

El intendente añadió que hay otras fábricas que “las hacen clandestinamente para vender al detal, las distribuyen en las noches, las transportan en vehículos que además no son aptos, y las llevan a ciertas localidades para ofrecer espectáculos de pirotecnia, pero aprovechan el espectáculo y venden pólvora al detal”.

En la Costa Caribe ofrecen recompensas por denuncias

En Barranquilla, Cartagena y Santa Marta las autoridades optaron por ofrecer recompensas a quienes denuncien puntos de fabricación y venta de pólvora.

El alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, ofreció dos millones de pesos a quien suministre información sobre fábricas y distribuidoras clandestinas en la ciudad.

“Invito a todos mis colegas mandatarios de Bolívar y a los padres de familia a que erradiquemos esta práctica absurda”, sostuvo Vélez.

En Santa Marta la recompensa es de 2 millones de pesos también, aunque, según la Policía, el monto puede aumentar dependiendo del tamaño de la incautación que se realice. En Barranquilla, por otro lado, ofrecen hasta un millón de pesos a quien dé información que permita realizar incautaciones.