La delegación del gobierno y miembros de la guerrilla llegaron en La Habana a un principio de acuerdo. Buscarán desde el 20 julio acordar los términos para el desescalamiento del conflicto.

El gobierno Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron en La Habana que buscarán acordar sin demoras los términos de un cese el fuego bilateral, a la vez que implementarán acciones de desescalamiento del conflicto desde el próximo 20 de julio.

Las partes se proponen crear las condiciones para llegar a un acuerdo sobre un cese al fuego bilateral y definitivo, para lo que solicitarán el acompañamiento de un delegado del secretario general de las Naciones Unidas y otro de la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas(UNASUR).

Estos anuncios fueron calificados de inmediato por Santos como "un paso importante para avanzar en acuerdos", según escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

No obstante, advitió que continuará garantizando la protección de los colombianos y "en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas".

Mientras el proceso de paz avanza, el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció las primeras imputaciones a los máximos líderes de la guerrilla por crímenes de guerra, según una entrevista divulgada por el diario El Tiempo.

La formulación de cargos se hará en el transcurso del segundo semestre de 2015 contra el Estado Mayor Central y contra el Secretariado de las FARC, los máximos órganos de dirección rebelde, indicó Montealegre.

A los guerrilleros les serán imputados crímenes de guerra o relacionados con el conflicto por haber minado un territorio indígena awá en el suroeste colombiano y por el reclutamiento forzado de menores en una región rural norteña.

El fiscal consideró "indispensable las investigación y sanción a los máximos responsables por las más graves violaciones de los derechos humanos" y sostuvo que "si las FARC no aceptan ese mínimo, el presidente (Juan Manuel Santos) no puede firmar la paz".

Montealegre aclaró, empero, que las penas no tienen necesariamente que ser privativas de la libertad.

La Fiscalía adelanta investigaciones respecto a unas 56.000 violaciones contra los derechos humanos cometidas por las FARC, contextualizó Montealegre.