Con una posición clara de que el aumento de las penas para quienes utilicen ácido para atacar a una persona y reglamentar la venta de estas sustancias no evitan que esos casos sigan ocurriendo, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dice que el Gobierno y el país deben pensar por qué la sociedad acude a esos mecanismos de agresión.

Señala que es necesario un análisis criminológico profundo y actuar en materia de prevención. Además, explica que aplicación de la Ley 1639, que contempla aumento de las penas y la atención en salud a las víctimas, está vigente desde julio del 2013, cuando el Presidente la sancionó.

¿Frente a la realidad que por estos días vive el país por los ataques con ácido, el endurecimiento de las penas en realidad frena estas agresiones?

Hay que pensar en que no es suficiente el aumento de las penas. De hecho, a pesar de la existencia de la Ley 1639 –que jueces y fiscales pueden aplicar desde el año pasado–, hemos tenido estos nuevos casos. Por eso, lo que hay que tener es una política integral por parte del Estado que comprenda varias cosas: la prevención, como pasa en la mayoría de los delitos, y un análisis criminológico de por qué hemos llegado a esos niveles de degradación, en qué hemos fallado como Estado y como sociedad.

Cuando habla de qué nos ha pasado como sociedad, ¿qué análisis hace de esta transformación?

Yo no soy el experto, tendríamos que asesorarnos de sociólogos, psicólogos y médicos, porque estos son casos que superan la criminalidad estándar de cómo una persona acude a esta barbaridad del ácido.

¿Cómo prevenir que estos ataques sigan ocurriendo?

En materia policial. Que las autoridades de Policía también estén muy alerta para impedir la ejecución de esta clase de comportamientos e instruir a las personas para que tengan más cuidado.

De otro lado, lo importante es capturar a estas personas. En los últimos tres casos la Policía ha actuado rápido, hay que aplicarles la ley con severidad.

Por ejemplo, en el Código Penitenciario quedó expresamente excluido cualquier beneficio a quien cometa un delito con esas características.

¿Ha faltado efectividad de las autoridades, no solo respecto a capturas sino en la administración de justicia?

La efectividad tiene que ser en todos los casos, que se actúe pronto capturando a los responsables, y que desde luego opere la justicia llevándolos ante los tribunales, ante los jueces. Este es un buen campanazo para la administración de justicia. Yo me imagino que estos casos van a reactivarse, y que muy pronto tanto la Fiscalía como los jueces van a dar resultados satisfactorios a la sociedad.

El Ministerio del Interior anunció que en una semana estará listo el decreto que regula la venta de ácido. ¿Le cogió la tarde al Gobierno para hacer esa tarea?

Lo que no quiero es que se establezca una supuesta relación de causalidad entre esa ausencia de reglamentación y los hechos recientes. La reglamentación había que hacerla, hay que hacerla, pero nadie puede garantizarle a esta sociedad que con la reglamentación de cómo se vende el ácido, estos personajes no hubieran encontrado la manera de adquirir esa sustancia en cualquier parte. Vimos la forma premeditada como actuó (en el caso de Natalia Ponce de León), con sevicia, con alevosía. Seguramente no le hubiera faltado dónde encontrar el ácido.

¿Se ha pensado en castigar penalmente a quienes vendan indiscriminadamente el ácido, luego de que esté lista la reglamentación?

Vamos a tener el jueves un Consejo de Política Criminal, en el que probablemente abordaremos este tema. Castigar a quien vende es posible si se demuestra que hace parte de la cadena criminal, es decir que quien vende la sustancia corrosiva sea un cómplice del autor.