La falta de garantías procesales que alegan ex altos funcionarios que abandonaron el país para no enfrentar la justicia desató el debate sobre si esa desconfianza en el sistema está fundamentada o se volvió un pretexto para no afrontar las investigaciones.

Esta semana, la polémica la reabrió la saliente contralora general de la República, Sandra Morelli, quien viajó a Italia días antes de que la Fiscalía le imputara cargos por el proceso de contratación del arriendo de la sede de ese organismo de control; y en los últimos cuatro años, tres ex altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe se convirtieron en prófugos.

Primero fue la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, investigada por las ‘chuzadas’ en ese departamento administrativo, quien viajó a Panamá en el 2010. Hoy, tras perder el asilo concedido por el país vecino, su paradero es incierto.

En el 2012, el ex alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo partió hacia Estados Unidos antes de que la Fiscalía le imputara cargos por la falsa desmovilización del frente ‘cacica la Gaitana’ de las Farc. Y hace menos de dos meses, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias viajó a Estados Unidos, sin tiquete de regreso, cuando se enteró de que la Corte Suprema de Justicia lo iba a condenar a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Tribunal dijo no a Morelli

En el caso de la excontralora, que tiene ciudadanía italiana, sus argumentos fueron desestimados en la primera audiencia por el magistrado Fernando León, del Tribunal Superior de Bogotá. El togado aceptó la petición de la Fiscalía de declarar contumaz (en rebeldía) a la exfuncionaria, de manera que la investigación en su contra se le seguirá en calidad de persona ausente. León afirmó que ella asumió una “posición de desacato y decidió no comparecer”.

Morelli, que en su administración dio peleas en casos como el de los Nule y el ‘carrusel’ de pensiones, se limitó a enviar un comunicado firmado el 2 de septiembre en Roma. En él aseguró que la Fiscalía no le garantiza sus “derechos procesales y fundamentales”, debido a una “enemistad manifiesta” con el fiscal, Eduardo Montealegre, quien, supuestamente, tiene por objetivo “montarle un carrusel de delitos” para llevarla a prisión.

En la diligencia del jueves, el magistrado León afirmó que no hay razón para desconfiar de la justicia porque “los jueces son autónomos, están desligados de la Fiscalía y son capaces y conscientes”.

Ese argumento ha generado dos posiciones: los que avalan que el sistema ofrece las garantías necesarias para defenderse, y los que dicen que está politizado.

En la primera orilla está el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Pablo Cáceres, quien descarta que haya “una falta de garantías, a pesar del proceso tragicómico de las diferencias públicas entre el Fiscal y la Contralora”.

Por su parte, el exfiscal general Guillermo Mendoza señaló que el nuevo sistema penal acusatorio garantiza que los procesos estén en manos de dos funcionarios diferentes: el que acusa y el que juzga, “que son independientes y autónomos”.

Para el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, el sistema judicial colombiano “les da las garantías a todos para defenderse”.

También dijo, en referencia a los cuatro ex altos funcionarios que se han ido del país, que se “ha extendido una práctica dañina, que es la de evadir la justicia con el pretexto de ser perseguido políticamente”.

En la otra orilla está el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. El congresista considera que el debido proceso en Colombia “está totalmente perdido”, pues las investigaciones se presionan con la opinión pública y se filtran en los medios de comunicación. “Aquí tenemos una justicia espectáculo que elimina la presunción de inocencia”, añadió.

“Todo el mundo sabe el origen de la confrontación entre la excontralora y el Fiscal, en la medida en que él fue abogado de Saludcoop, la EPS que según Morelli se robó 1,4 billones de pesos de la salud. Ella pisó callos de sectores muy fuertes, que están celebrando su situación”, opinó Robledo.

También hay inquietud sobre si el poder de funcionarios como el Fiscal y el Procurador puede llegar a presionar las decisiones de los demás funcionarios. En ese sentido, el constitucionalista Juan Manuel Charry dijo que no solo hay presiones sino “vasos comunicantes” entre fiscales, magistrados, procuradores y jueces, que pueden repercutir en sus decisiones. “Hay personajes con mucho poder institucional y mediático, como el Fiscal y el Procurador, que influyen sobre los jueces”, aseguró.

‘Se genera desconfianza’

En lo que todos coinciden es en las consecuencias que ha traído la no comparecencia de esos funcionarios. De acuerdo con el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, estamos ante la “deslegitimación de las instituciones del Estado frente a los ciudadanos del común”, es decir, cualquier ciudadano podría alegar falta de garantías para no responder ante los jueces. Para Juan Manuel Charry, la desconfianza en la justicia nace porque las máximas corporaciones judiciales no tienen controles efectivos. “Hoy, solo la Comisión de Acusación (de la Cámara de Representantes), que no sirve, tiene el deber de investigar a magistrados, fiscales y procuradores”, argumentó.

Penalistas sostienen que una muestra de que sí hay garantías es el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Aunque él incluso llegó a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas de protección por la destitución que le impuso la Procuraduría, lo cierto es que fueron decisiones de jueces colombianos las que lo mantuvieron en su cargo.

Los líos jurídicos entre dos pesos pesados

En medio de las diferencias entre el fiscal Eduardo Montealegre y la excontralora Sandra Morelli hay dos denuncias: la primera tiene que ver con una investigación que Morelli intentó adelantar hace más de dos años contra el Fiscal porque habría recibido dineros de Saludcoop por asesoría jurídica cuando ya se había posesionado en el cargo. Esta EPS fue condenada por la excontralora al pago de 1,4 billones de pesos por el desfalco a la salud. 

El Fiscal desmintió a Morelli y dijo que los contratos que tenía con la EPS los cedió antes de comenzar su periodo en el órgano acusador. En medio de esa puja, la Corte Suprema le dijo a Morelli que no podía investigar a Montealegre porque es un aforado, y el caso pasó a la Comisión de Acusación. De otro lado está la investigación que la Fiscalía adelanta contra Morelli por el contrato de arrendamiento de la sede de la Contraloría. Este jueves, la Fiscalía le imputará los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros. 

El expediente dice que la Contraloría vendió el edificio del centro de Bogotá por un precio equivalente a dos meses de arriendo de la actual sede, sin hacer estudios. Además habría fijado un canon 10 por ciento por encima de una oferta del mismo contratista. Morelli ha afirmado que el negocio fue transparente y que el edificio era inhabitable.