La defensa del funcionario busca que el alto tribunal le otorgue ese recurso, mientras estudia de fondo el fallo de destitución de la Procuraduría, un proceso que podría tardar más de un año y medio y que le permitiría al mandatario terminar su gobierno, en diciembre del 2015, sin problemas.

En respuesta al magistrado ponente Gerardo Arenas Monsalve –que deberá decidir si otorga o no las medidas cautelares en los próximos días– el organismo de control dice que no hay argumentos para que el Consejo de Estado ampare a Petro. De hecho, la Procuraduría considera que unas eventuales medidas cautelares se convertirían en un “juicio previo” y en un fallo de fondo que, prácticamente, dejaría sin efectos la destitución de cara al futuro.

El despacho del procurador Alejandro Ordóñez también critica que esas medidas se soliciten con carácter de “urgencia”. Afirma que el Alcalde pudo haberlas tramitado desde el 13 de enero, cuando el fallo quedó en firme, y no dos meses después, por preferir acudir a “instancias internacionales” y a la estrategia de la ‘tutelatón’.

Frente a una presunta violación al debido proceso, una tesis que sostiene Petro, dado que su caso no lo manejó Ordóñez, el organismo de control le reitera al Consejo de Estado que él tenía las facultades para delegar la investigación en la Sala Disciplinaria. “No puede hablarse de una falta de competencia”, anota el documento, conocido por EL TIEMPO.

El testimonio de Tapia

En el texto, la Procuraduría advierte que Petro pretende “desconocer” su competencia para sancionar a los funcionarios públicos, incluyendo a los elegidos por el voto popular, bajo el argumento de que se está juzgando una política pública, como el cambio en el modelo de aseo, en diciembre del 2012. “No es cierto que por ser hechos vinculados con políticas públicas no puedan cometerse faltas disciplinarias, pues es factible que se transgredan los principios de la función pública”, afirma la Procuraduría. 

En otro de los apartes también se menciona un cuestionamiento que han hecho los abogados de Petro. Ellos han señalado que la Procuraduría no tuvo en cuenta el testimonio de Emilio Tapia, en La Picota por el ‘carrusel’ de la contratación, quien ha hablado de un “complot” de los operadores privados del aseo para tumbar al Alcalde.

Según la Procuraduría, en medio de la investigación, en el transcurso del 2013, el Alcalde y sus abogados “nunca solicitaron testimonios relacionados con dicho aspecto, lo que se constituye en una omisión”.

Además, explica que “no es posible que se revivan trámites que ya fueron cumplidos”, como la solicitud de esta prueba, después de conocido el fallo, teniendo en cuenta que esas etapas en el juicio tienen un tiempo fijo determinado. Igualmente, dicen que es “inconcebible” que el Alcalde no hubiera solicitado el testimonio de Tapia, si él y sus abogados, a lo largo del proceso, expusieron la teoría del “complot”.

En todo caso, la Procuraduría rechaza la tesis de Tapia y dice que la actuación de Petro en el cambio del modelo de aseo no fue “afectada o generada” a partir de la “injerencia” de terceros.

Finalmente, en la respuesta al Consejo de Estado, la Procuraduría defiende cada una de las tres faltas disciplinarias que, a su juicio, cometió Petro y explica que la sanción impuesta –destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años– se ajustó a la ley.

Petro busca que, al igual que en el caso del exalcalde de Medellín Alonso Salazar, el Consejo de Estado tumbe el fallo de la Procuraduría, pues lo considera desproporcionado.

Por ahora, el Alcalde sigue en el poder, gracias a una tutela fallada a su favor por la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior. Con la respuesta de la Procuraduría al Consejo de Estado, ahora el foco se centra en la decisión que tomará el magistrado Arenas Monsalve, sobre las medidas cautelares. Lo que él defina será crucial en el largo camino jurídico del caso Petro.