A pesar de que la Corte Suprema, en la sentencia contra dos de sus exministros y su primer secretario de Palacio, acaba de señalarlo partícipe directo en el escándalo de la ‘yidispolítica’, lasituación judicial del expresidente Álvaro Uribe no tendrá mayores dificultades en la Comisión de Acusación de la Cámara.

La Sala Penal condenó a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y al exsecretario Alberto Velásquez por “comprar” votos para la aprobación del proyecto de reelección en el 2004. Y la sentencia señala reiteradamente que esos exfuncionarios actuaron en cumplimiento de ofertas que hizo el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

El 2 de junio del 2004, Yidis Medina –dice el fallo– “sostuvo a solas una conversación con el Presidente de la República, quien también le pidió apoyar el proyecto de reelección a cambio de cuotas burocráticas, de cuyo cumplimiento se encargaría el doctor Alberto Velásquez”.

A pesar de esas afirmaciones, los conjueces y magistrados no compulsaron copias del mismo contra él a la Comisión de Acusación de la Cámara.

Una de las razones para esa determinación es la misma que mantiene ese proceso estancado desde hace casi dos años.

Aunque formalmente el caso aún aparece como vigente, la Comisión debe pronunciarse sobre una petición que hizo en mayo del 2013 el abogado de Uribe, Jaime Lombana, quien solicitó el archivo del proceso porque ya habían pasado los 8 años que la ley impone como condena por cohecho y, en ese orden de ideas, operaba el principio de prescripción. Este señala que, si la justicia no ha tomado decisiones de fondo de un proceso –resolución de acusación en firme–, la investigación no puede seguir si ya se cumplió el tiempo de la prescripción.

La ‘yidispolítica’ corresponde a hechos de junio del 2004 y la pena máxima son 8 años. Así las cuentas, la investigación contra el expresidente Uribe, que se encuentra en cabeza del representante liberal Édgar Gómez, ya estaría muerta.

El cuestionado excongresista Yahir Acuña, quien fungió en su momento como representante investigador del expresidente, determinó llevar esa investigación de la etapa preliminar a la formal, una semana después de escuchar el testimonio de Medina, en octubre del 2012.

El hecho cobró relevancia debido a que se trataba del único proceso contra Uribe en esa Comisión que llegaba a esta etapa.

También, en el 2013, la Procuraduría, a través del delegado Jorge Alberto González, apoyó la petición de Lombana para que el proceso prescribiera, pues coincide en que los términos se cumplieron en junio del 2012. Desde ese momento el caso, como la mayoría de los que hay en esa Comisión contra aforados, quedó en el congelador.

La prescripción también opera para otros salpicados por ese escándalo, como el exsenador Luis Alfonso Hoyos, que en el 2004 era director de la Red de Solidaridad y también recibió en su despacho a Yidis Medina, y a Luis Camilo O’Meara, el hombre que según la Corte “compró” la notaría que recibió el representante Teodolindo Avendaño.

Este viernes, el Inpec determinó que el exministro Pretelt pagará su pena de 80 meses de prisión en una base naval de Cartagena, mientras que Palacio estará recluido en la Escuela de Caballería en Bogotá.