La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, advirtió que los dueños de la Universidad San Martín deben ser investigados por los delitos de estafa, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito, pues desviaron los recursos de la educación hacia otros fines.

López aplaudió la decisión de la ministra de Educación, Gina Parody, de intervenir ese centro educativo, pero afirmó que ese plan debe extenderse a otras universidades, como la Universidad Incca, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y la Fundación Los Libertadores.

Usted fue una de las primeras personas en advertir lo que ocurría con la Universidad San Martín. ¿Qué fue lo que encontró?

Llevamos cerca de un año estudiando a esas universidades que estafan a la gente y que ya no se merecen ni el título de garaje. Son pequeñas ‘DMG’ que captan recursos del público, no los invierten en la educación y esos dineros terminan en los bolsillos de los dueños o los desvían a otros fondos y se roban la plata de la gente. Esto de la Universidad San Martín es el caso más crítico, pero no es el único. Hay unos 500.000 estudiantes universitarios en instituciones privadas que están en el mismo riesgo de la San Martín. También hay que revisar lo que ocurre con la Incca, la Manuela Beltrán, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Fundación Libertadores y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), donde se están presentando problemas similares. Celebro que la ministra de Educación, Gina Parody, haya tomado este tema en serio.

¿Por qué la San Martín es un ‘estafadero’?

Es eso y también un centro de enriquecimiento ilícito. Su dueño, Mariano Alvear, hizo una camarilla con sus familiares y testaferros y creó tres fondos distintos que descubrimos, y les entregamos las pruebas a la ministra Parody y a la Fiscalía. Ellos captaban los dineros de las matrículas con la promesa de que iban a invertir en la calidad de la educación y no hicieron nada de eso. Desviaron los dineros a los bolsillos de los dueños y crearon sociedades o fondos que no tienen nada que ver con la universidad. En esos tres fondos descubrimos que había 87.000 millones de pesos en patrimonio.

Y la plata de la educación no puede ser usada para un fin distinto…

Exactamente, los dineros se deben reinvertir en educación, es decir, en infraestructura, mayores profesores, más investigación, becas. Eso no se hizo y por eso la Universidad San Martín llegó a la crisis que llegó. No les pagaban a los profesores, a los empleados, no administran bien las sedes y, literalmente, la universidad se empezó a caer.

¿Qué hacer con unos 17.000 estudiantes matriculados en esa institución?

Nuestro llamado ha sido a que la intervención sea inteligente. El Ministerio de Educación, después de años de desidia y complicidad, no se puede aparecer a última hora, dándoselas de ‘gallito’, a cerrar la universidad y dejar a la gente en la calle. ¿Qué hay que hacer? Intervenir la universidad, sacar a los actuales administradores, mandarlos a la Fiscalía, crear una nueva administración concertada con los estudiantes, profesores y empleados, que se recuperen los estándares y se ponga en marcha un plan de mejoramiento de la universidad, con acuerdos de pago. La Universidad tiene hoy tal cantidad de demandas que podría irse a la quiebra, pese a todos los recursos que tiene. La principal preocupación de los estudiantes es terminar sus carreras y no perder sus dineros y el tiempo, y los trabajadores quieren que les paguen sus deudas y punto. Para poder hacer eso, necesitamos que se mantenga funcionando la universidad con unos estándares de calidad. No todo lo puede hacer el Ministerio de Educación, pues aquí ya hay temas penales, como estafa, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía debe actuar rápidamente, porque si encuentra el enriquecimiento ilícito y decreta la extinción de dominio de esos tres fondos, puede recuperar la plata.

¿Con esos tres fondos hacia donde se desviaron los recursos?

Son unas sociedades privadas dedicadas a la carne, la pescadería, la ganadería y la biotecnología. El Ministerio de Educación puede intervenir la Universidad San Martín, pero no esos tres fondos. Entonces por eso es importante que la Fiscalía intervenga tanto a la Universidad, como a esos tres fondos, porque tan responsable del delito es el que desvía la plata como el que la recibe para un uso que no es lícito. Que los manden a la cárcel. También es muy importante que intervenga el Ministerio de Trabajo, porque hay una gran cantidad de deudas laborales y de conflictos.

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿cuál es su propuesta?

Lo primero es ponerse a la tarea de hacer la inspección y vigilancia de esas universidades y meterlas en cintura a todas, con la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Eso hay que hacerlo ya. Estas universidades no solo son de mala calidad y desvían sus recursos, sino que la mayoría de sus estudiantes toman créditos del Icetex y con eso hacen el cierre financiero. Es decir, el Estado financia a los estafadores. Hay que buscar que los créditos del Icetex se dirijan a programas de alta calidad. No podemos permitir que los estafadores de la educación hagan sus cierres financieros con los recursos del Icetex.

También se debe fortalecer la educación pública. El Gobierno les debe unos 12 billones de pesos a las universidades públicas nacionales y regionales. Además, es necesario crear la Agencia Nacional de Calidad de la Educación y una Superintendencia que vigile estas instituciones. Hoy cualquiera abre una universidad con la cédula, un pénsum, un registro de la Cámara de Comercio y en un año le dan el registro de calidad y arranca el negocio, porque los estándares son muy bajos. Esas dos entidades se pueden crear mediante una ley, y así se lo planteamos a la ministra Parody. Ella nos dijo que estaba analizando el tema. La Alianza Verde va a esperar y si ese proyecto de ley no lo radica el Gobierno en marzo, lo haremos nosotros.