Tomás Corredor es un director de comerciales y padre de familia bogotano. Desde que sus hijos Mateo y Lucas nacieron, comenzó a preocuparse por lo que comían en casa, y encontró que en Colombia nadie le exige a las empresas que incluyan en la etiqueta de información nutricional o en los stickers de frutas y vegetales, si los productos contienen transgénicos, organismos a los que se les ha insertado genes para que adquieran una propiedad que por naturaleza no tienen, dando como resultado, por ejemplo, un maíz más resistente, vacas y peces con más carne o un café con aroma más potente de lo normal.

De haber una acción al respecto, dice Tomás, el consumidor ejercería con total libertad su derecho a elegir qué comer. Sin embargo, “sin información o una etiqueta que los diferencie, compramos como natural algo que no es fruto directo de la tierra, sino que fue diseñado en un laboratorio”, desconociendo, continúa el padre de familia, los efectos ambientales, agrarios, sociales y en la salud que derivan de consumir estos productos.

Al ver que las más de 300 mil firmas digitales que recolectó Molly Katchpole, una niñera de 22 años, lograron que el Bank of America se echara para atrás en el cobro de cinco dólares mensuales a sus clientes por el uso de tarjetas de débito, Tomás pensó que algo por el estilo podría suceder con su causa: incluir la información de OGM (Organismos Genéticamente Modificados) en las etiquetas de Información Nutricional de productos alimenticios y stickers de frutas y vegetales en el país.

Cada vez que alguien firma su petición, una alerta de correo electrónico llega al buzón de Atención al Ciudadano del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos); al del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria; al de la subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Minsalud, Ana Patricia Heredia, y al de la Presidencia de la Confederación Colombiana de Consumidores.

Así las cosas, desde el 26 de junio, cuando Tomás subió su pedido a la plataforma de Change.org, el Invima, el ministro, la subdirectora y la Confederación tienen sus buzones a reventar con cerca de 14 mil correos electrónicos.

Por el momento, esta última institución ha respondido con un “estamos de acuerdo” y una abogada experta en el campo de la nutrición quiere diseñar un marco legal para que la petición se convierta en un proyecto de ley.

Al activista, que nunca esperó serlo, le sorprendió lo rápido que su propuesta recibió apoyo. “Cuando empiezas a sentir ese pequeño empoderamiento, que no estás solo en una lucha, que hay miles que te acompañan sin conocerte, te sientes con capacidad de materializar el descontento y volverlo una acción popular”, dice.

A Tomás le genera curiosidad que en su petición la tecnología es enemiga y aliada: enemiga de la alimentación y aliada para llegar a las masas. Gracias al universo digital, afirma, no tiene que salir a la calle con cientos de planillas para exigir al Gobierno una respuesta frente a su derecho de elegir qué comer. “La multitud de internet me ayuda y se convierte en el nuevo sujeto para cambiar el mundo”, termina.

Según Nelson Remolina, director del Gecti (Grupo de Estudios en Internet, Comercio electrónico, Telecomunicaciones e Informática) de la Universidad de Los Andes, el poder ciudadano experimentó un antes y un después de internet: “esta herramienta de bajo costo, sin filtro de contenidos, sin barreras de entrada y democrática, hace visibles cosas para que el ciudadano sea oído. Luego las súplicas se van a una especie de canal de opinión y más tarde, aunque puede tardar instantes, se genera un movimiento de masas que no logramos dimensionar”.

Sin embargo, aclara Remolina, internet no va a quitarle el lugar a herramientas de participación tradicionales. Las marchas, las acciones populares, las tutelas y demás podrán ayudarse de internet, pero jamás desaparecerán ni se excluirán, porque finalmente aterrizan las súplicas de las web.

Detrás de la petición

Susana Fernández es la directora para Latinoamérica deChange.org, una plataforma con 77 millones de usuarios que, según explica, no es un lugar de protesta, sino de propuesta: alguien decide contar qué quiere cambiar, recoge firmas de quienes lo apoyan a través de la página web y redes sociales y, como Tomás Corredor, dirige su propuesta a los tomadores de decisión hasta que su lucha resulte victoriosa.

Fernández es publicista de formación y desde una agencia de marketing española participó en lo que ella misma llama “la prehistoria de la movilización social”, que equivale al año 2002, cuando logró 12 millones de firmas para salvar a Safilla Hussaini, una mujer nigeriana condenada a morir lapidada por creer en Jesucristo.

De Change la emociona que personas corrientes, sin mucha posibilidad de acceder al poder, logren cambios. La semana pasada, por ejemplo, con mucha presión de la que ella misma participó, se logró que dos ciudadanos españoles que estaban en pésimas condiciones en una cárcel de Bolivia fueran trasladados a una prisión de su país de origen.

“Jamás la ciudadanía ha tenido tanto poder desde que estamos conectados”, resalta, y añade que hoy una firma tiene más sentido que nunca, porque permite sentar una posición cuando la burocracia no lo permite, aunque “las hojas de reclamaciones tradicionales ya no dan más”, defiende el hecho de que las sociedades deben seguir exigiendo los caminos de participación que están previstos.

¿Pero cómo logra una petición hecha en cualquier rincón del planeta generar verdaderos cambios?

Según relata, todas las mañanas su equipo de menos de diez personas revisa las peticiones que suben los latinoamericanos. Se detectan las más poderosas, comprueban que son reales, contactan a quienes las inscribieron y les ayudan a estructurarlas mejor y a dirigirlas a las entidades pertinentes para generar impacto. Y no se trata solo de que acumulen una cantidad descomunal de firmas, sino de saber llegar a los tomadores de decisión con propuestas posibles.

Al día siguiente de que Tomás Corredor enviara su llamado, Mario Alvarado, un colombiano radicado en Argentina que trabaja en la oficina de Change Latinoamérica, le escribió recomendándole algunos puntos para asegurar la victoria de su propuesta: debía incluir una imagen y hacer de su texto, un poco técnico, algo más humano que le llegara a los usuarios.

Solo desde Colombia, cada semana Mario reporta unas 100 nuevas peticiones que ya han firmado más de 130 mil personas. Sin embargo, como el espacio de divulgación de Change es reducido, solo pueden asesorar y gestionar el 1 por ciento de las propuestas. Clasifican las inspiradoras, positivas, posibles y concretas, y de estas ya han logrado su objetivo alrededor de 50.

Los temas más recurrentes son quejas al sistema de salud, derechos del consumidor y derechos de los animales. Por ejemplo, más de 2.900 personas apoyaron a Carlos Ruiz, un fotógrafo que solicitó a Smurfit Kappa, una empresa productora de cartón, que protegiera a una familia de monos aulladores que se encontraba en la mitad de sus sembrados de pino y eucalipto, los cuales pronto serían talados. La presión hizo que la compañía contactara a Ruiz e iniciara la elaboración de un plan de manejo ambiental para garantizar la protección de las especies animales en el sector de la Tesalia, Huila.

Las dudas sobre su financiación

Hay peticiones para todo, incluso, un usuario llamado Miguel Macho subió una “Por el cierre de Change.org”, ya que considera que este portal no sirve “para absolutamente para nada” y “se lucra con la esperanza de las personas”.

Macho denuncia que en 2012, con menos de 100 empleados,Change.org facturó 15 millones de dólares por la comercialización de datos de sus usuarios, al tiempo que lanza la pregunta: “¿Seguirás enriqueciéndolos a cambio de calmar tu conciencia y no conseguir nada?”.

Este tipo de críticas han sido un duro golpe a la credibilidad de Change y otros sitios de peticiones en línea, y Susana Fernández se defiende. Según explica, Change.org es un sitio web operado por Change.org Inc., una corporación estadounidense con fines lucrativos, cuyos negocios incluyen el alojamiento de campañas patrocinadas por unas 300 organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, y las cuales pagan por alojar y poder patrocinar sus peticiones y campañas.

Sobre la polémica que tuvo alcances globales, Nelson Remolina dice: “los datos de la gente son el petróleo de internet, la moneda digital”, y según explica, es un hecho que para casi todas las empresas digitales, entre las que puede estar Change, el usuario es el principal motor de su economía.

En principio, continúa, explotar comercialmente su información no es ilegal. Depende de las normas de cada país. En Colombia, por ejemplo, debe haber autorización previa, expresa e informada, y aún así a los cibernautas del país les importa poco entregar su privacidad.

Según una encuesta reciente sobre protección de datos personales en Colombia, liderada por Remolina y su observatorio para presentar a la organización Privacy International, el 54 por ciento de un grupo de personas encuestadas dice que, depende de qué le den a cambio, pueden usar sus datos para ciertas finalidades, y la mayoría jamás ha leído una política de privacidad completa.

Sin embargo, el 59 por ciento ha tenido algún episodio que considere una violación a su privacidad, el 80 por ciento siente que no tiene el control de sus datos en la web y hay una profunda desconfianza en la justicia: un 84 por ciento de los encuestados no cree que las autoridades de su país pueden defender eficazmente sus derechos cuando son vulnerados por personas que viven en otro país y que desde el mismo recolectan sus datos personales a través de internet, como se rumora que actúa el portal de peticiones en línea.

Que Change utilice la información de sus usuarios, resalta el investigador, es posible. Lo reprochable sería, de ser cierto, que no informen a los usuarios sobre qué harán con sus datos.