El escándalo de corrupción es mayúsculo. Esta vez en el seno de la Corte Constitucional. Allí, el magistrado Mauricio González Cuervo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al magistrado y actual presidente de ese tribunal, Jorge Pretelt Chaljub, por un supuesto soborno a un ciudadano para resolver una acción de tutela. González informó que Pretelt pidió 500 millones en su nombre para resolver la tutela. Simplemente vergonzoso. Se está confirmando lo que se insinúa en los pasillos de ese tribunal: un nicho de corrupción rampante.

Lo ocurrido mina la confianza en la justicia por parte de los ciudadanos. Es una verdad que la justicia y el Estado deben materializarse en prácticas cotidianas. Desafortunadamente, el día a día de nuestra sociedad da muestras de ausencia de justicia y de Estado. La mano propia se está imponiendo, llevándonos a una dramática espiral de violencia. El escándalo en la Corte Constitucional produce cinco estragos que difícilmente podrán corregirse si no se replantea el pacto constitucional de 1991.

En primer término, desaparece la certeza de honestidad que tenía la Corte Constitucional como órgano de cierre de tutelas. La acción de tutela es una verdadera revolución institucional en Colombia. De hecho, la Constitución de 1991 tiene un valor esencial por su inclusión, toda vez que es el mecanismo idóneo para realizar los derechos fundamentales.

Sin embargo, que el escándalo radique en el trámite o escogencia de las tutelas plantea un desafío para el ciudadano, quien entiende que sus derechos pueden ser transables, es decir, se pueden comprar o vender al mejor postor.

En segundo lugar, se plantea una vergonzosa idea sobre la composición de la Corte Constitucional y su manera de ser escogidos. De hace un tiempo para acá los magistrados de la Corte no son los juristas formados, íntegros y verticales que deberían componer un tribunal de esta categoría. Los escándalos tan naturales con el Consejo Superior de la Judicatura se han unido con lo ocurrido en el máximo órgano de cierre constitucional. Denuncias como la de González contra Pretelt, insultos y ataques entre Nilson Pinilla y el mismo Pretelt, o las denuncias contra Alberto Rojas- por denuncias de una cliente suya en el ejercicio de abogado-, pone a tambalear y a sufrir a una institución que se desprestigia día a día.

Un tercer estrago se finca en que se cuestiona la idea de la jerarquía de la justicia en Colombia. Los jueces tienen a la alta Corte Constitucional en su máximo referente de justicia. Este tipo de escándalos causan tal daño institucional que los jueces de menor jerarquía y los tribunales se pueden llegar a desvincular del buen ejemplo en la función judicial. Al observar que los máximos tribunales pueden llegar a estar cooptados por prácticas corruptas, se podría producir una anarquización del aparato judicial que causaría un desmedro al ciudadano.

Un cuarto aspecto se refiere a la idea, cada vez más arraigada en la creencia colombiana, de que el aparato de justicia es uno de los responsables de la catástrofe institucional que afecta al país. El ciudadano de a pie empieza a percibir que no existe árbitro frente a sus problemas. La justicia empieza a ser ejercida por los ciudadanos al observar el nivel de corrupción que ataca las instituciones de justicia. El Estado se desvanece en la mente de los ciudadanos. Más aún, cuando son instituciones del nivel de la Corte Constitucional que se envuelven en componendas y entuertos.

Por último, debe tenerse en cuenta que con este vergonzoso episodio de corrupción en la Corte constitucional se justifica la idea planteada en La Habana (Cuba), por parte de las Farc, de realizar una Asamblea Nacional Constituyente que modifique de forma integral la estructura de la justicia y del poder en Colombia. No cabe en la cabeza de quienes seguimos de cerca el actual proceso de paz que integrantes de la actual Corte Constitucional puedan definir la suerte de la ley estatutaria que regule el marco jurídico para la paz y, por ende, el futuro de nuestro proceso de reconciliación.

Los cimientos sobre los cuales se fundó la Constitución Política del 1991 se están desvaneciendo. Si queremos un nuevo pacto nacional es necesario que la justicia y sus instituciones, incluida la Corte Constitucional, se repiensen. No se puede confiar en quien da muestras de improbidad.

FRANCISCO BARBOSA
Ph D en Dderecho Público (Universidad de Nantes (Francia), abogado, historiador y profesor de la Universidad Externado de Colombia.
En Twitter @frbarbosa74
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