El paro judicial que este lunes completó un mes y que tiene cerca de 6.300 audiencias aplazadas solo en el complejo de Paloquemao en Bogotá empieza a prolongarse y podría coincidir, como ya se ha empezado a advertir, con la vacancia judicial que empieza el 19 de diciembre, tal como sucedió hace dos años.

A 28 días hábiles para las vacaciones de la Rama, los sindicatos, encabezados por Asonal Judicial y que incluyen algunos del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), aún no llegan a un acuerdo con el Gobierno que permita retomar las actividades de los funcionarios judiciales. Esto, a pesar de que desde la semana pasada están garantizados los 44 mil millones para los cargos de descongestión, el principal motivo que llevó al cese de actividades.

Según cifras de Asonal Judicial, cerca de 500 audiencias dejan de realizarse semanalmente en todo el país y, tras cinco semanas de paro, esa cifra ascendería a las 2.500. Además, en la capital, 10 mil denuncias por hurto y otros delitos menores han dejado de tramitarse.

Pagos por no trabajar

Para la directora de la Corporación Excelencia a la Justicia, Gloria María Borrero, la prolongación del cese de actividades en la Rama Judicial “a los únicos que perjudica es a los ciudadanos”.

Borrero señala que hay una incongruencia de parte de los peticionarios, pues mientras piden recursos para garantizar los cargos de descongestión hasta finalizar el año, el Gobierno lleva un mes pagando los salarios de esos funcionarios que no han podido ir a trabajar.

“Llevamos un mes parados y eso agrava la descongestión”, dijo, y luego anotó que “están cogiendo de costumbre hacer el paro cerca de la vacancia judicial”.

Según fuentes del Consejo Superior de la Judicatura, hasta que el paro sea declarado ilegal por una autoridad judicial no se puede suspender el pago de los salarios de los funcionarios por el tiempo que lleva el cese de actividades.

Por lo pronto, en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una demanda del Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana que está pidiendo la ilegalidad del paro y que remitió copias al Ministerio de Justicia, de Trabajo y a la Judicatura para que se pronuncien sobre el asunto.

La demanda argumenta, según Jairo Céspedes, representante legal del Comité, que la justicia es un servicio público cuya interrupción afecta los intereses colectivos cuando es interrumpido. La Corte está pendiente de resolver, esta semana, si admite o no el estudio de esa demanda.

Mientras eso sucede, Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, insiste: “Como el Gobierno se ha hecho el sordo, tenemos que reafirmar el paro”.